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La ejecución hipotecaria es un procedimiento estresante y complejo que puede afectar a cualquier persona. Es importante comprender los derechos del deudor y las herramientas legales disponibles en este proceso.
El acreedor, la entidad que inicia el procedimiento de ejecución con base en una orden de ejecución legalmente vinculante, indica los métodos de ejecución en la solicitud.
Una forma de cobrar la deuda del acreedor amparada por la orden de ejecución es ejecutar la propiedad ocupada por el deudor. Cabe reconocer que la perspectiva de perder la vivienda, que es el centro de la vida del deudor y su familia, es particularmente dolorosa para el deudor.
La ejecución hipotecaria de un inmueble es un procedimiento de ejecución de varias etapas. Primero, se inscribe una nota sobre la ejecución pendiente en el registro de la propiedad y, a continuación, el alguacil describe y tasa la propiedad para obtener la valoración de un tasador inmobiliario para la subasta. A continuación, se fija la primera fecha y, si es necesario, una segunda para la subasta de la propiedad. Sin embargo, no todas las deudas pueden saldarse vendiendo la propiedad ocupada por el deudor en una subasta judicial.
Según la redacción actual del Artículo 952 (1) del Código de Procedimiento Civil, la fecha de subasta de la propiedad ocupada por el deudor se fija a petición del acreedor. No obstante, el acreedor tiene derecho a solicitar la fijación de una fecha para la subasta de dicha propiedad si el importe de la deuda principal que se ejecuta es al menos equivalente a una vigésima parte del importe tasado. Esto significa que el acreedor debe tener una deuda principal de al menos el 20% del valor de la propiedad sujeto a la tasación del tasador.
Si está pendiente una ejecución judicial contra nosotros, conviene considerar la posibilidad de buscar la asistencia de un abogado profesional.
Designar un abogado profesional en los procedimientos de ejecución proporciona un apoyo significativo al deudor durante todo el proceso. Un abogado supervisará la correcta gestión de los procedimientos del alguacil en cada etapa del proceso, garantizando además que la valoración de la propiedad ordenada por el alguacil no perjudique al deudor.
La ejecución de una sentencia judicial es un momento difícil, pero el deudor no tiene por qué afrontarlo solo. Es importante conocer sus derechos y buscar asistencia legal profesional para protegerse y proteger a su familia.